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Venezuela debate su transición entre amenazas políticas, presos políticos y reformas del TSJ y CNE que aún deben demostrar resultados.

Garantías democráticas en Venezuela, presos políticos venezolanos, reforma judicial y electoral, persecución política en Venezuela.
La transición política venezolana llega a este miércoles 18 de noviembre de 2026 con avances institucionales que todavía no consiguen disipar las dudas sobre las garantías democráticas. Mientras el Gobierno provisional de Delcy Rodríguez promueve reformas judiciales, conversaciones políticas y una futura convocatoria electoral, nuevas amenazas contra María Corina Machado, cientos de detenidos por motivos políticos y cuestionamientos a las leyes restrictivas revelan que la apertura anunciada aún debe superar pruebas fundamentales.
El contraste es cada vez más visible. Venezuela discute la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la posterior conformación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) y unas posibles elecciones presidenciales en 2027. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que persisten mecanismos legales y prácticas capaces de restringir la participación política, la libertad de expresión y la actividad de la sociedad civil.
La cuestión central no es negar los cambios producidos durante 2026. Es determinar si esos cambios bastan para garantizar que el Estado deje de utilizar sus instituciones contra quienes piensan diferente.
Las amenazas contra Machado ponen a prueba la apertura
Uno de los acontecimientos más preocupantes de los últimos días ha sido la difusión de un video con amenazas explícitas contra María Corina Machado, quien regresó a Venezuela el pasado 25 de octubre.
El canal NTN24 identificó a la persona que aparece en la grabación como Ocaride Perozo, simpatizante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En el material difundido, la mujer formuló una amenaza de muerte contra la dirigente opositora.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, cuestionó la actualidad del video y sostuvo que correspondía a una grabación antigua. NTN24 rechazó esa explicación y afirmó que las referencias contenidas en las imágenes permiten situarlas en 2026.
Estas posiciones enfrentadas requieren una investigación independiente. La difusión del video no demuestra por sí sola que existan instrucciones oficiales para atacar a Machado, pero tampoco permite tratar una amenaza contra su vida como una simple expresión de confrontación partidista.
El Estado tiene la obligación de investigar, determinar responsabilidades y garantizar la protección de cualquier persona amenazada, independientemente de su posición política.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó tras el regreso de Machado que Venezuela debe garantizar su vida, integridad personal y derechos políticos. La dirigente es beneficiaria de medidas cautelares del organismo.
El precedente resulta significativo: no basta con permitir que un dirigente regrese al país si posteriormente no existen condiciones para que ejerza sus derechos sin intimidación.
Una transición no puede medirse solamente por sus anuncios
La administración provisional ha presentado durante los últimos meses una agenda de apertura que incluye conversaciones con sectores opositores, modificaciones legislativas y propuestas de renovación institucional.
También se han producido excarcelaciones, desbloqueos parciales de medios digitales y una mayor presencia pública de dirigentes opositores.
Son acontecimientos relevantes que deben reconocerse como tales. Pero el alcance de una transformación democrática no puede establecerse exclusivamente a partir de medidas anunciadas desde el Ejecutivo.
Una transición creíble necesita demostrar que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos sin depender de decisiones discrecionales de las autoridades.
Eso implica garantías verificables de seguridad personal, libertad de expresión, acceso a la justicia, independencia judicial y participación política.
321 presos políticos: la deuda que sigue pendiente
La situación de los detenidos continúa siendo uno de los indicadores más sensibles del proceso venezolano.
Según el balance publicado por Foro Penal, con fecha de corte del 9 de noviembre de 2026, permanecían registrados 321 presos políticos: 306 hombres y 15 mujeres.
La organización identificó 181 civiles y 140 militares. Del total, 150 habían recibido condena y otros 171 continuaban privados de libertad sin sentencia. También advirtió que desconocía el paradero de una de las personas incluidas en su registro.
Estas cifras corresponden a la metodología de documentación de Foro Penal y no deben confundirse con la totalidad de personas encarceladas en Venezuela ni con las estimaciones de otras organizaciones.
El Gobierno venezolano ha cuestionado históricamente la clasificación de presos políticos y sostiene que las detenciones responden a procedimientos penales. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, en cambio, denuncian casos de arbitrariedad, persecución y vulneración del debido proceso.
La diferencia no se resuelve únicamente mediante declaraciones. Requiere acceso a expedientes, revisión judicial independiente, garantías de defensa y decisiones suficientemente motivadas.
La Asamblea Nacional anunció el 12 de noviembre una nueva revisión de causas penales para estudiar posibles excarcelaciones y medidas alternativas a la prisión. La iniciativa constituye una oportunidad, aunque todavía debe demostrar resultados verificables.
Además, existe una diferencia fundamental entre excarcelación y libertad plena: una persona puede salir de prisión y continuar sometida a cargos, prohibiciones de viaje, presentaciones periódicas u otras restricciones.
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La Ley contra el Odio sigue dividiendo a las instituciones
El debate sobre las libertades civiles ha adquirido una nueva dimensión con la propuesta de reforma parcial de la llamada Ley contra el Odio.
La Asamblea Nacional aprobó el proyecto en primera discusión durante noviembre. La propuesta contempla eliminar determinadas penas de prisión, pero organizaciones periodísticas y defensoras de derechos humanos consideran que conserva mecanismos de sanción administrativa incompatibles con una apertura plena.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha reclamado su derogación integral. Según su análisis, el proyecto mantiene facultades para imponer sanciones económicas y exigir la retirada de contenidos, con posibles consecuencias sobre la independencia editorial.
El 17 de noviembre, un pronunciamiento difundido por Amnistía Internacional Venezuela recogió las exigencias de organizaciones civiles de derogar normas que consideran incompatibles con los derechos fundamentales.
El pronunciamiento cuestionó también la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar y las restricciones que afectan a las organizaciones no gubernamentales.
La discusión tiene consecuencias prácticas. Una reforma que elimina penas de prisión puede representar un avance, pero si conserva facultades excesivamente amplias para sancionar opiniones o limitar organizaciones, el problema estructural permanece.
Renovar el TSJ no significa automáticamente recuperar la justicia
El proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia constituye uno de los compromisos más importantes surgidos de las negociaciones entre representantes gubernamentales y un sector de la oposición.
Este miércoles 18 de noviembre vence el plazo ampliado para presentar candidaturas a magistrados, según el cronograma anunciado por la Asamblea Nacional. La designación de las nuevas autoridades está prevista para diciembre.
El procedimiento cuenta con un Comité de Postulaciones Judiciales y un consejo técnico encargado de revisar credenciales y requisitos.
La existencia de estas instancias constituye un paso formal, pero la independencia judicial no puede presumirse únicamente por la sustitución de magistrados.
Será necesario examinar cómo se seleccionan los candidatos, qué criterios de mérito se aplican y qué garantías existen para impedir que las designaciones respondan a cuotas partidistas.
La prueba principal llegará cuando los nuevos magistrados deban resolver controversias que enfrenten a las autoridades con ciudadanos, organizaciones sociales o dirigentes opositores.
Un tribunal independiente no se define solamente por su composición, sino por su capacidad para decidir conforme a la Constitución y las leyes sin recibir instrucciones políticas.
El CNE y la incertidumbre electoral
La renovación del Consejo Nacional Electoral aparece como la siguiente fase de la hoja de ruta respaldada por Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sostenido que Venezuela necesita primero instituciones judiciales y electorales renovadas, además de libertad de prensa, para organizar una elección creíble.
El planteamiento posee una lógica institucional: ningún proceso electoral puede garantizar confianza pública si los organismos encargados de administrarlo o resolver controversias carecen de independencia.
Sin embargo, el país continúa sin una fecha presidencial definitiva.
El debate sobre unas posibles elecciones durante 2027 no equivale a una convocatoria formal. Tampoco existe todavía un acuerdo público definitivo sobre el mecanismo constitucional que permitiría poner fin a la Presidencia encargada.
Para que la transición avance con credibilidad, deberán aclararse al menos estos aspectos:
- Un calendario electoral público y jurídicamente sustentado.
- Una autoridad electoral independiente y técnicamente capacitada.
- Reglas transparentes de inscripción y habilitación de candidaturas.
- Libertad de movilización y campaña para todas las organizaciones políticas.
- Acceso equitativo a los medios de comunicación.
- Observación electoral independiente y auditoría verificable de los resultados.
- Procedimientos judiciales eficaces para resolver impugnaciones.
La necesidad de reformar instituciones no debería convertirse en una excusa para postergar indefinidamente la elección, del mismo modo que la urgencia electoral no debería justificar comicios sin garantías.
La diáspora no puede permanecer fuera de la discusión
Otro desafío pendiente es la participación electoral de los venezolanos residentes en el extranjero.
La migración venezolana alcanza a millones de personas. Sin embargo, esa cifra no equivale automáticamente al número de electores habilitados para sufragar desde el exterior.
El ejercicio efectivo del derecho depende de requisitos legales, inscripción electoral, actualización de domicilio y disponibilidad de servicios consulares.
Rubio ha planteado la necesidad de reabrir consulados venezolanos en Estados Unidos para facilitar la participación de quienes residen allí.
La discusión debe ampliarse también a España, América Latina, Canadá y los demás países con comunidades venezolanas.
Un proceso electoral representativo tendrá que resolver con suficiente anticipación los procedimientos de registro, identificación, centros de votación y observación del voto exterior.
No se trata de prometer una participación universal sin reglas, sino de impedir que obstáculos administrativos desproporcionados vacíen de contenido un derecho reconocido por la legislación venezolana.
La comunidad internacional debe distinguir cooperación de sustitución
Estados Unidos desempeña un papel central en la transición venezolana. Su influencia económica, diplomática y política ha adquirido una dimensión extraordinaria durante 2026.
La cooperación internacional puede facilitar reformas, ofrecer garantías y ayudar a reducir riesgos de incumplimiento. Pero la legitimidad democrática no puede depender exclusivamente de acuerdos entre gobiernos extranjeros y dirigentes nacionales.
Corresponde a las instituciones venezolanas establecer reglas compatibles con su Constitución, mientras los organismos internacionales pueden evaluar si esas reglas respetan los derechos humanos y los estándares electorales.
El acompañamiento diplomático será más útil cuando permita verificar avances concretos: protección de dirigentes, revisión de detenciones arbitrarias, independencia judicial, libertad de prensa y participación ciudadana.
La estabilidad política y la recuperación económica son objetivos importantes. Pero no sustituyen las garantías fundamentales que permiten a una sociedad resolver sus diferencias sin recurrir a la intimidación.
La seguridad política será una prueba decisiva
La situación de María Corina Machado constituye una prueba particularmente visible, aunque el principio debe aplicarse a todos los sectores.
Ningún dirigente, funcionario, periodista, activista o ciudadano debería enfrentar amenazas por expresar ideas políticas o participar pacíficamente en actividades públicas.
Investigar una amenaza no significa presumir la culpabilidad de una organización completa. Significa aplicar las mismas normas de protección y responsabilidad a cualquier persona, sin privilegios ni excepciones.
Precisamente ahí se reconoce una democracia: cuando las garantías no dependen de quién gobierna ni de quién es el beneficiario de su aplicación.
La transición necesita resultados que puedan comprobarse
Venezuela dispone hoy de una oportunidad institucional que no existía en las mismas condiciones a comienzos de 2026. Se negocian reformas, se revisan expedientes judiciales, se discute la composición del TSJ y comienza a perfilarse una ruta electoral.
Pero también permanecen problemas graves: cientos de presos políticos documentados por organizaciones independientes, amenazas contra figuras públicas, normas restrictivas y ausencia de un calendario presidencial definitivo.
La coexistencia de avances y obstáculos impide presentar la transición como un éxito consumado o como un proceso completamente inmóvil.
La evaluación deberá basarse en resultados: cuántas personas recuperan plenamente sus derechos, cuántos mecanismos de censura desaparecen, qué independencia demuestran los tribunales y qué garantías tendrá cada ciudadano cuando llegue el momento de votar.
El periodismo independiente cumple una función esencial en esa vigilancia. Las contribuciones de los lectores permiten que RadioAmericaVe.com y Vierne5 sigan examinando decisiones oficiales, denuncias ciudadanas y compromisos políticos sin depender de quienes deben rendir cuentas.
La democracia no comienza únicamente cuando se abren las urnas. También se construye cuando una persona puede expresar su opinión sin miedo, cuando un tribunal protege sus derechos y cuando ninguna autoridad puede utilizar la ley para castigar la discrepancia.
Ese será el verdadero examen de la transición venezolana: demostrar que las garantías existen para todos y que la justicia puede actuar con independencia del poder político.
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