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La hija del legendario Robert F. Kennedy acusa a autoridades de El Salvador de bloquear la verificación de derechos humanos de venezolanos secuestrados por agentes de ICE en Estados Unidos.
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En un hecho que sacude la conciencia internacional, Kerry Kennedy, presidenta de la organización Robert F. Kennedy Human Rights, denunció este lunes en San Salvador que se le negó el acceso para verificar las condiciones de 10 migrantes venezolanos detenidos en una cárcel salvadoreña. El caso, por su gravedad, ha generado un repudio inmediato en círculos diplomáticos, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles de América y Europa.
Con voz firme, pero cargada de indignación, Kerry Kennedy declaró: “Representamos a un grupo de 10 venezolanos que fueron secuestrados por agentes de ICE en Estados Unidos y traídos aquí”. La acusación no solo pone en evidencia violaciones flagrantes de los derechos humanos, sino que además implica a autoridades estadounidenses y salvadoreñas en un esquema de deportaciones clandestinas que podría configurar delitos internacionales.
Una operación que viola todos los principios legales
Según relató la presidenta de la ONG, estos 10 venezolanos habían solicitado asilo en Estados Unidos, pero fueron víctimas de una oscura maniobra en la que agentes de ICE —el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.— los trasladaron, contra su voluntad, a El Salvador, un país que no figuraba en sus procesos legales.
Este tipo de actos no solo rompe los protocolos de protección internacional para solicitantes de refugio, sino que podría ser considerado un crimen bajo el Estatuto de Roma, en la categoría de deportaciones forzadas. Expertos legales afirman que la gravedad del asunto exige una respuesta urgente de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
“Cada minuto que pasan en esas celdas ilegales es una afrenta a los principios democráticos que tantos sacrificios han costado”, sentenció Kennedy.
Acceso denegado: el silencio de El Salvador
La negativa de las autoridades salvadoreñas a permitir el ingreso de la misión encabezada por Kerry Kennedy levanta más sospechas sobre el trato que están recibiendo los migrantes venezolanos. Pese a múltiples solicitudes formales y a la intermediación de organizaciones internacionales, los funcionarios penitenciarios se mantuvieron firmes en su negativa, aduciendo "motivos de seguridad".
Pero, ¿qué intentan ocultar? ¿Por qué impedir que defensores reconocidos mundialmente verifiquen el estado de seres humanos privados de su libertad?
Las preguntas se multiplican y el silencio oficial solo agrava el escándalo. Mientras tanto, familiares de los detenidos aseguran que han recibido informaciones preocupantes sobre malos tratos, falta de atención médica y condiciones insalubres dentro de la prisión.
Una voz con peso histórico
Kerry Kennedy no es una activista más. Como presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights, su voz resuena con el legado moral de su padre, el senador asesinado en 1968 por su lucha incansable por los derechos civiles. En su intervención, recordó que “cuando los derechos de un solo ser humano son pisoteados, todos los derechos del mundo están en peligro”.
No es casual que haya decidido viajar personalmente a San Salvador. Su presencia subraya la gravedad que la organización atribuye a este caso. Además, confirmó que se interpondrán demandas en tribunales internacionales y se activarán campañas globales para visibilizar la situación.
Una cadena de responsabilidades
La denuncia coloca a varios actores bajo el foco. Por un lado, las autoridades migratorias estadounidenses deberán responder cómo y por qué agentes de ICE ejecutaron un traslado de esta naturaleza, violando tratados y normas internacionales. Por otro lado, el gobierno de El Salvador enfrenta serias acusaciones de complicidad en la detención arbitraria de migrantes que ni siquiera llegaron voluntariamente a su territorio.
“La administración de justicia no puede mirar hacia otro lado”, sostuvo Kennedy, advirtiendo que no descansarán hasta lograr la liberación inmediata de los 10 venezolanos y hasta que los responsables sean llevados ante tribunales internacionales.
El drama humano detrás de los números
Más allá de la dimensión política, este caso expone las heridas humanas de la crisis migratoria venezolana. Se estima que más de 7 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años, huyendo de la represión, la pobreza y el hambre. Muchos de ellos terminan atrapados en redes de tráfico de personas, detenciones arbitrarias y deportaciones ilegales, como ocurre en este estremecedor episodio.
La historia de estos 10 venezolanos refleja un drama aún mayor: el de millones que ven vulnerados sus derechos fundamentales ante la indiferencia o complicidad de los Estados.
La lucha apenas comienza
Kerry Kennedy anunció que su organización solicitará la intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del ACNUR y del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. También hizo un llamado a la comunidad internacional: “No podemos permitir que esta tragedia ocurra en las sombras. Necesitamos la fuerza colectiva del mundo libre para detener esta barbarie”.
Mientras tanto, la sociedad civil, las ONG y los medios independientes tienen una tarea impostergable: romper el cerco de silencio y dar voz a quienes, ahora mismo, están encerrados injustamente en las prisiones de El Salvador.
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