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El Gobierno venezolano aumenta impuestos al sector privado tras la salida de Chevron y la caída de ingresos petroleros. Impacto regional y global.
CARACAS — En un giro que vuelve a poner en jaque al sector privado venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro ha aprobado una serie de aumentos fiscales sin precedentes, como respuesta directa a la salida de Chevron del país y a la abrupta caída de los ingresos petroleros. El nuevo paquete tributario —que incluye adelantos fiscales, contribuciones especiales y sanciones más severas— busca recaudar al menos 13.000 millones de dólares adicionales en 2025, para compensar un déficit presupuestario que amenaza con agravarse si no hay un repunte energético. Para muchos empresarios, se trata de la señal más clara de que Venezuela se está alejando de un modelo de recuperación para regresar al control fiscal extremo.
“En Venezuela siempre hemos vivido con la soga en el cuello, pero este nuevo paquete de impuestos nos deja sin aire”, dijo a Vierne5 el dueño de una empresa agroindustrial en Barquisimeto, que pidió mantenerse en el anonimato. Su historia se replica hoy en miles de negocios: recortes de personal, cierres parciales y una sensación de asfixia tributaria que revive los peores años de la hiperinflación.
El fin del permiso a Chevron: punto de quiebre
Desde que Estados Unidos revocó la licencia especial que permitía a Chevron operar en Venezuela —una medida que entró en vigor el 15 de marzo de 2025—, la industria petrolera nacional ha quedado prácticamente sin presencia de capital extranjero. Según cifras del propio Ministerio del Petróleo, la producción nacional ha caído un 28 % desde febrero hasta junio, lo que representa más de 500.000 barriles diarios menos en exportación.
En 2024, los ingresos petroleros cerraron en torno a los 15.000 millones USD. Para 2025, las estimaciones internas del Banco Central de Venezuela apuntan a una caída de casi un 30 %. Esa brecha es la que el gobierno intenta llenar con este nuevo esquema fiscal, que algunos economistas ya califican como una “medida desesperada, pero estructurada”.
“Cuando el petróleo deja de fluir, el Estado busca otro grifo… y ese grifo es el empresario”, comentó Víctor Escalona El Estoico en conversación con Vierne5. “Pero no se puede sangrar a quien ya está anémico. Esa es la tragedia repetida de nuestra economía”.
El sector privado responde: cierre de locales y despidos masivos
Según una encuesta reciente de Conindustria, el 77 % de los empresarios del país ya consideraban las cargas fiscales como su principal obstáculo operativo, incluso antes del nuevo ajuste. Con este nuevo paquete tributario, que exige el pago anticipado de tributos mensuales y aplica una nueva “contribución solidaria” sobre ingresos brutos, el margen de maniobra se ha reducido a niveles insostenibles.
“Estamos despidiendo personal por primera vez en diez años”, dijo una empresaria del ramo textil en Valencia. “Ya sobrevivimos a la pandemia, al apagón del 2019 y al cierre de bancos. Pero esto nos rompe”.
Entre las medidas más controversiales se encuentran:
- Pago por adelantado del ISLR (Impuesto Sobre la Renta) cada trimestre, incluso sin ganancias.
- Contribución especial del 3 % sobre las ventas brutas de empresas con más de 20 empleados.
- Multas de hasta 500 % por errores formales en las declaraciones.
La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Fedecámaras y Consecomercio han solicitado audiencias públicas, alegando que estas medidas no fueron consultadas. Hasta ahora, no han recibido respuesta formal del Ejecutivo.
En ciudades como Maracaibo, Barinas o San Cristóbal, el efecto se ha sentido con fuerza: negocios cerrando a media jornada, congelación de contrataciones y mudanzas aceleradas hacia la informalidad. Muchos han optado por reducir sus operaciones a mínimos para evitar ser sancionados por falta de cumplimiento.
La otra factura: inflación, pagos colapsados y más informalidad
El nuevo esquema tributario no solo afecta directamente a las empresas. Su efecto dominó amenaza con sacudir toda la economía venezolana. En cuestión de semanas, se ha observado un alza de precios en bienes esenciales, principalmente alimentos, medicinas e insumos agrícolas. Las pequeñas y medianas empresas, al no poder trasladar totalmente los impuestos al consumidor, están quebrando silenciosamente o migrando hacia la economía informal.
Los expertos advierten de una posible aceleración inflacionaria para el tercer trimestre de 2025. Si bien el BCV ha intentado mantener un control cambiario de facto, los comerciantes —ante el miedo de perder liquidez— han vuelto a marcar precios con sobrecostos preventivos.
“Cuando una tienda cierra en Caracas, no es solo un local menos: son 5 familias sin ingreso estable, es una cuadra más apagada, es menos comida para los hijos de los empleados”, reflexiona Víctor Escalona. “Es ahí donde vemos que las decisiones macroeconómicas tienen consecuencias humanas irreversibles”.
Asimismo, se reportan interrupciones en la cadena de pagos. Muchas empresas ya no están comprando al mayor ni financiando a proveedores nacionales. Se está instaurando una lógica de supervivencia de “vendo y compro solo con efectivo”, lo que empuja a nuevos retrasos, desempleo e incertidumbre.
El sector público tampoco queda exento: al recaudar menos por vía petrolera, el Gobierno ha reducido la inversión en servicios, y en muchos municipios las obras de mantenimiento han sido paralizadas por completo. Escuelas sin reparación, fallos en el sistema de agua potable y apagones se están haciendo más comunes en zonas como Guárico, Monagas o el sur de Anzoátegui.
Una economía cerrada al mundo: sanciones, fuga de inversión y riesgo país
La salida de Chevron también ha sido interpretada como una señal para otros potenciales inversionistas. Empresas de países como India, Irán y Turquía han ralentizado sus planes de cooperación, temiendo mayores sanciones internacionales. La estrategia del Gobierno de Maduro de apostar al “oriente no occidental” ha sufrido un revés con esta caída energética.
Además, el nuevo sistema tributario ha generado incertidumbre jurídica en proyectos binacionales e iniciativas de capital mixto. Una firma española consultada por Vierne5 reportó que detuvo la firma de un joint venture en Zulia ante “falta de garantías contractuales” por los nuevos cambios.
Para la diáspora venezolana, especialmente quienes envían remesas, la situación interna supone un doble impacto. Por un lado, la inflación reduce el valor real del dinero que envían. Por otro, el nuevo tributo al dólar en efectivo hace que muchas familias en Venezuela reciban menos de lo enviado, o vean sus remesas afectadas por nuevas tasas no oficiales.
“El Estado quiere cobrar más, pero espanta al que produce, desconfía del que invierte y castiga al que envía ayuda desde el exterior. Así no se reconstruye un país”, opina Escalona.
Economistas como Luis Oliveros y Asdrúbal Oliveros coinciden en que el riesgo país venezolano ha vuelto a deteriorarse. La salida de Chevron fue un punto de quiebre reputacional. Si no hay reformas legales profundas, difícilmente habrá flujo de capital extranjero en lo que queda de 2025 y 2026.
¿Es sostenible esta estrategia fiscal?
El giro tributario del gobierno venezolano hacia el sector privado plantea una pregunta de fondo: ¿puede el país sostener este modelo sin colapsar su ya frágil economía productiva?
Para 2026, los analistas prevén una contracción adicional del PIB si no se restablecen ingresos petroleros estables. La estrategia de tributar al empresariado nacional para sustituir la renta petrolera tiene un techo bajo y un costo social alto: ahuyenta inversiones, promueve la informalidad y empuja a muchos emprendedores al exilio económico.
Como dice Víctor Escalona, El Estoico: “A veces el país no te expulsa, pero tampoco te deja quedarte con dignidad”.
Además, esta política erosiona la capacidad del Estado de recaudar a largo plazo. Si menos empresas quedan activas, menos impuestos se pueden cobrar. El círculo se vuelve vicioso.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Por qué subieron los impuestos al sector privado en Venezuela?
El gobierno busca compensar una caída de más del 30% en ingresos petroleros tras la salida de Chevron. Para ello, ha impuesto tributos anticipados, multas y mayores cargas fiscales a empresas nacionales.
¿Qué impacto tienen estas medidas en los empresarios?
Según Conindustria, el 77% de las empresas considera que las cargas fiscales son su principal obstáculo. Muchas han reducido personal o cerrado operaciones, y se teme un aumento de la informalidad.
¿Cómo afecta esto a los venezolanos en el exterior?
Muchos dependen de pequeñas empresas familiares para enviar remesas o apoyar a parientes. Si estas empresas cierran o se debilitan, el impacto se extiende a la diáspora y agrava la dependencia de ayuda exterior.
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Conclusión
Venezuela enfrenta un nuevo punto de quiebre. Ante el colapso de la renta petrolera, el Ejecutivo ha optado por transferir el peso al sector que aún produce: los empresarios nacionales. Esta decisión puede dar alivio fiscal momentáneo, pero a costa de estrangular la base económica real del país.
La paradoja es trágica: se busca sostener el Estado debilitando la sociedad productiva. Si no hay un giro hacia políticas de estímulo y transparencia, lo que queda es un sistema tributario extractivo sin base real para sostenerse.
Como lo resume Víctor Escalona: “Un Estado sin confianza no puede pedir sacrificios, solo imponerlos”.
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Este artículo forma parte de una serie de entregas. En la siguiente parte exploraremos el futuro fiscal de Venezuela y responderemos a las preguntas más frecuentes de nuestros lectores.
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