Venezuela: represión intacta tras la falsa amnistía

RadioAmericaVe.com  / La Voz del Lector.

 

Una voz ciudadana denuncia que la amnistía no desmontó la represión y que el sistema de abuso sigue vivo en Venezuela.

Sistema represivo en Venezuela
Amnistía y corrupción judicial en Venezuela
Desaparición forzada en Venezuela
Continuismo autoritario en Venezuela

Nos escriben lectores con una indignación que no nace de la sorpresa, sino del cansancio de ver repetida la misma escena bajo distinto vestuario. Ahora se habla de amnistía, de correcciones y hasta de jueces que supuestamente cobran peaje para liberar a presos políticos, como si el problema fuera apenas un desvío individual dentro de un sistema que, en realidad, fue diseñado desde el poder para someter, castigar y controlar a la sociedad venezolana.

Esa es la preocupación de fondo: que se siga presentando como anomalía lo que muchos ciudadanos entienden como parte del funcionamiento mismo del engranaje represivo. El mensaje que recibimos es claro. No se trata solo de una denuncia puntual sobre cobros irregulares o de la tardía admisión de algo que los familiares de los presos vienen señalando desde hace tiempo. Se trata de algo mucho más grave: la continuidad de una estructura legal, policial, judicial y burocrática que no ha sido desmontada y que sigue operando, según la percepción ciudadana, con la misma lógica de miedo e impunidad que marcó los años más oscuros de la persecución política en Venezuela.

Por eso la carta no se detiene en los jueces como problema aislado. Los presenta, más bien, como una pieza dentro de un sistema más amplio. Y esa distinción importa. Porque cuando un país ha sido sometido durante años por un aparato que secuestra, tortura, desaparece, fabrica expedientes o administra la libertad como mercancía, el foco no puede limitarse a los intermediarios. Tiene que dirigirse a la estructura que lo hizo posible y a quienes la sostienen, la encubren o la reutilizan.

La represión no se desmonta con cambio de colores

Uno de los aspectos más fuertes del mensaje ciudadano es la denuncia de un continuismo disfrazado. Los lectores perciben que el aparato de control no ha sido desmantelado, sino apenas reempaquetado. Cambian los tonos, el vestuario, los gestos públicos y quizá hasta el relato con el que se intenta vender una nueva etapa, pero la estructura profunda seguiría intacta. Siguen allí, dicen, las mismas cabezas, los mismos ejecutores y el mismo sistema de incentivos que durante años convirtió la represión en herramienta cotidiana de gobierno.

Esa observación resulta especialmente grave porque apunta al corazón de cualquier transición verdadera. Una democracia no se reconstruye solo con nuevas palabras ni con una imagen menos agresiva del poder. Se reconstruye cuando el ciudadano puede verificar que los mecanismos que lo aplastaban dejaron de existir o, al menos, comenzaron a ser desmontados con seriedad y rapidez. Cuando eso no ocurre, la sospecha de simulación crece. Y con razón.

De allí la dureza con la que el lector se refiere al silencio oficial frente a casos especialmente repugnantes y al mantenimiento operativo de estructuras asociadas al secuestro, la tortura, la desaparición y la muerte. En su lectura, no hay allí ignorancia ni tardío descubrimiento. Hay continuidad, conciencia y responsabilidad política.

La libertad no puede depender de la matraca

Otro de los ejes centrales de esta carta es la denuncia moral de una amnistía degradada por la corrupción. Si la libertad de un preso político termina dependiendo de peajes, cobros, matracas o favores, entonces ya no se está hablando de justicia ni de reparación, sino de una forma particularmente cruel de abuso. Porque en ese escenario no solo se mantiene la arbitrariedad que llevó a la cárcel a personas inocentes, sino que además se explota la desesperación de sus familias.

El lector lo deja ver con crudeza: una decisión ejecutiva clara podría evitar buena parte de ese sufrimiento. Y, sin embargo, esa decisión no llega. En lugar de una liberación inmediata y amplia que desactive el circuito de la amnistía convertida en negocio, lo que percibe la ciudadanía es demora, evasión y una prioridad política distinta. Esa sensación de que se administra el dolor en lugar de aliviarlo es una de las razones por las que la indignación crece tanto.

• La libertad de los presos políticos no puede quedar sometida a cobros irregulares o favores oscuros.
• El problema no es solo judicial: es estructural y político.
• Sin desmontaje real del aparato represivo, no puede hablarse de transición auténtica.
• El sufrimiento de las familias se agrava cuando la liberación depende de la corrupción del sistema.
• La ciudadanía exige decisiones claras, no maniobras dilatorias ni excusas tardías.

Ese listado resume una verdad incómoda: cuando el Estado no protege al inocente y tampoco libera al perseguido con transparencia, la amnistía se vuelve una palabra vacía y, peor aún, un nuevo espacio de humillación.

Cada desaparecido es una urgencia, no una estadística

La carta añade un elemento que profundiza todavía más la gravedad del cuadro: la situación de venezolanos que, según el mensaje recibido, se encuentran en condición de desaparición forzada. Allí el texto cambia de tono y se vuelve todavía más humano. Porque una desaparición forzada no es un problema administrativo ni un desacuerdo político. Es una herida abierta, minuto a minuto, sobre la vida de una persona y sobre la respiración emocional de toda una familia.

El lector lo expresa con una frase demoledora: cada minuto que pasan en el limbo es un minuto menos de vida para ellos y más horas de ahogo para sus familiares. Esa idea debería bastar para poner fin a cualquier intento de relativizar la gravedad de lo que ocurre. No hay transición que pueda llamarse seria si el país sigue conviviendo con desapariciones, silencios oficiales y la prolongación deliberada de la incertidumbre.

Por eso este reclamo no es solo político. Es también un reclamo de humanidad básica, de límites elementales, de memoria y de justicia.

El blanqueo del poder también es parte del problema

Una de las partes más agudas del mensaje es la crítica al oficio de blanqueo que, según los lectores, intentan hacer algunos actores que se presentan como moderados, independientes o incluso opositores. Esa preocupación no es menor. En contextos de tanto desgaste, el remaquillaje del poder no se produce solo desde adentro; también necesita validadores, intérpretes complacientes y voces dispuestas a rebajar el tamaño del daño con el argumento de que aún es “muy pronto” para exigir cuentas o cambios de fondo.

El lector rechaza frontalmente esa idea. Y su argumento tiene lógica: quienes han ocupado posiciones de mando durante años, quienes han formado parte del núcleo de decisiones y quienes han convivido con el funcionamiento del sistema represivo no pueden presentarse ahora como si apenas estuvieran enterándose de lo ocurrido. El intento de otorgarles inocencia retrospectiva o margen de desconocimiento no solo resulta inverosímil, sino ofensivo para las víctimas y sus familias.

Ese blanqueo, en la mirada ciudadana, es doblemente obsceno. Primero, porque minimiza responsabilidades evidentes. Segundo, porque entorpece el debate sobre lo esencial: desmontar el entramado del miedo y no simplemente administrarlo con otra narrativa.

Lo que la ciudadanía exige ya no admite atajos

La gran fuerza de esta carta está en que no se conforma con una indignación dispersa. Ordena el problema y lo devuelve al centro: Venezuela no necesita enterarse tarde de la corrupción de sus jueces ni recibir explicaciones parciales sobre un aparato represivo que lleva demasiado tiempo operando. Necesita una ruptura real con ese modelo; Necesita decisiones ejecutivas para salvar vidas, no maniobras distractivas. Necesita verdad, justicia y una voluntad política que no siga actuando como si el sufrimiento de las víctimas pudiera administrarse según convenga.

Lo que esta voz del lector reclama puede resumirse con claridad:

• Liberación inmediata y efectiva de todos los presos políticos.
• Desmontaje real del sistema de represión y control.
• Investigación y sanción de las redes de corrupción ligadas a la amnistía.
• Acción urgente frente a los casos de desaparición forzada.
• Fin del blanqueo político y mediático de quienes sostuvieron el aparato abusivo.

Ese reclamo no nace del rencor. Nace del sentido más básico de justicia republicana. Porque una sociedad no puede reconstruirse si premia la continuidad del abuso, si tolera la opacidad o si convierte la memoria de las víctimas en una molestia secundaria.

El periodismo independiente es necesario precisamente para escuchar estas voces, ordenar su dolor y convertirlo en una reflexión pública responsable. No para reemplazar a la justicia, sino para impedir que la costumbre, la propaganda o el cinismo terminen enterrando la gravedad de lo que todavía ocurre.

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Venezuela no necesita descubrir tarde la podredumbre de un sistema que lleva años lastimando vidas. Necesita desmontarlo de raíz, liberar a los perseguidos y devolverle a las familias algo que se les ha robado durante demasiado tiempo: la certeza de que la justicia puede existir.

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