Sanciones en Venezuela: reconstrucción sí, impunidad no

RadioAmericaVe.com / Política.

 

Levantamiento de sanciones en Venezuela: por qué la reconstrucción no puede usarse para borrar responsabilidades ni frenar reformas.

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Es previsible que, en medio de la discusión sobre la reconstrucción de Venezuela, algunos sectores del poder intenten empujar una agenda política muy específica: el levantamiento total de las sanciones, incluidas sobre todo las personales, que son precisamente las que más incomodan a quienes administran hoy el aparato de poder. El argumento suena, a primera vista, razonable: si el país necesita recuperarse, entonces habría que desbloquear todos los fondos y retirar todos los obstáculos para acelerar esa recuperación. El problema no está en la palabra reconstrucción. El problema está en la letra pequeña del planteamiento.

Porque la pregunta decisiva no es si Venezuela necesita recursos, alivio y margen financiero. Claro que los necesita. La pregunta real es otra: ¿puede pedirse el levantamiento total de las sanciones sin cambiar el libreto ni los actores que contribuyeron a producir el desastre? Ahí está el punto políticamente más delicado. Si las sanciones se levantan por completo sin transformaciones institucionales verificables, el país corre el riesgo de corregir daños superficiales mientras conserva intacta la estructura que los generó.

Qué se está discutiendo realmente

En apariencia, el debate gira alrededor de una necesidad concreta: reconstruir Venezuela. Bajo esa consigna, el levantamiento de sanciones puede presentarse como una medida pragmática, incluso humanamente defendible. Después de todo, ¿quién podría oponerse a que el país recupere acceso a recursos, inversión y capacidad operativa? Sin embargo, en política las consignas más razonables suelen esconder las disputas más profundas.

Aquí lo que se discute no es solo una medida económica. Se discute la secuencia de la transición. Se discute si el alivio externo debe adelantarse a las reformas internas o si, por el contrario, debe estar condicionado a ellas. Y se discute también qué entiende cada actor por “reconstrucción”: si una simple rehabilitación funcional del país bajo los mismos controles de siempre, o una recuperación acompañada por cambios reales en la manera en que se ejerce el poder.

La diferencia es enorme. Una reconstrucción sin reformas puede servir para normalizar apariencias, suavizar presiones y mejorar la capacidad operativa del mismo aparato que antes produjo opacidad, arbitrariedad y ruina. Una reconstrucción con transformaciones, en cambio, puede convertirse en el punto de partida de una nueva legitimidad. Por eso el debate no es técnico. Es profundamente político.

La caja de mensajes: reconstrucción sí, pero ¿a cambio de qué?

El mensaje que previsiblemente intentará imponerse es sencillo y eficaz: no puede haber recuperación si no se levantan todas las sanciones. Esa “caja de mensajes” tiene fuerza porque apela a una necesidad real del país y porque usa un lenguaje difícil de rechazar sin matices. El problema es que reduce una discusión institucional compleja a una falsa disyuntiva: o se levantan todas las sanciones ya, o se bloquea la reconstrucción.

Esa simplificación omite lo esencial. El levantamiento total de sanciones, especialmente de las personales, no puede desvincularse de los motivos que las hicieron políticamente defendibles en primer lugar. Si esas razones siguen vigentes —falta de independencia institucional, ausencia de rendición de cuentas, debilidad del Estado de derecho y cuestionamientos sobre la legitimidad de las autoridades— entonces el debate no puede zanjarse solo con la palabra reconstrucción.

Plantearlo de otro modo: si el edificio está estructuralmente dañado, no basta con pintar las paredes que se desconcharon. Puede mejorar el aspecto, incluso generar sensación de normalidad, pero el problema de fondo seguirá allí. Y en política, como en arquitectura, las soluciones cosméticas suelen resultar más peligrosas cuando se venden como definitivas.

• Venezuela necesita recursos para reconstruirse, pero también necesita reglas.
• El alivio financiero sin reformas puede fortalecer a los mismos actores que produjeron la crisis.
• Las sanciones personales no son un detalle menor: tocan directamente a quienes buscan preservar margen de maniobra.
• La discusión no es reconstrucción versus castigo, sino reconstrucción con o sin transformación institucional.

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Quiénes intervienen en esta disputa

En este tablero participan varios actores con intereses distintos. Está, por supuesto, el núcleo de poder que busca descomprimir presiones y ampliar su margen financiero y político. Están también quienes, dentro y fuera de Venezuela, consideran que el desbloqueo de recursos es indispensable para cualquier fase de recuperación. Y están los sectores democráticos que advierten que levantar sanciones sin exigir antes cambios verificables puede traducirse en una forma de reinstitucionalización fallida: una recuperación operativa sin justicia ni garantías.

La ciudadanía, aunque no siempre aparezca sentada en la mesa, también forma parte de esta disputa. Porque es la que pagará el costo de un mal diseño. Si el levantamiento de sanciones ocurre sin transparencia, sin control y sin reformas que limiten arbitrariedades, el país puede recibir alivio en el corto plazo y, al mismo tiempo, quedar atrapado en una versión más sofisticada del mismo problema. Menos estridencia, quizá. Más recursos, tal vez. Pero el mismo patrón de opacidad y discrecionalidad en el uso del poder.

Qué transformaciones siguen lejos de concretarse

El núcleo del problema está justamente ahí. Para que un levantamiento total de sanciones resulte políticamente defendible, tendría que venir acompañado de cambios de fondo en las áreas que justificaron la presión internacional y el aislamiento institucional. Y esas transformaciones todavía lucen lejos de concretarse de forma verificable y sostenible.

Entre las más importantes, destacan cuatro:

1. Independencia del Banco Central de Venezuela, para evitar que la política monetaria siga subordinada a necesidades de control político inmediato.
2. Estado de derecho real, con jueces, normas y procedimientos que no dependan de la conveniencia del poder.
3. Legitimidad electoral de las autoridades, como base de cualquier recuperación con respaldo interno y externo.
4. Transparencia y rendición de cuentas, sin las cuales cualquier flujo de recursos corre el riesgo de volver a diluirse en opacidad.

Sin esos elementos, el levantamiento total de sanciones puede convertirse en una transferencia de oxígeno hacia una estructura que sigue sin corregir sus vicios esenciales. Y eso no sería reconstrucción. Sería supervivencia asistida del mismo modelo.

La prosperidad no se decreta si la institucionalidad sigue rota

Una de las trampas del momento consiste en hacer creer que la recuperación económica puede separarse de la cuestión institucional. Como si fuese posible volver a atraer inversión, confianza y productividad real sin resolver antes o al menos al mismo tiempo los problemas de arbitrariedad, captura del Estado y ausencia de controles. Esa idea puede resultar cómoda para quienes prefieren administrar el país desde la funcionalidad mínima. Pero no resiste una mirada más seria.

Los capitales más oportunistas pueden convivir con la opacidad. Los más valiosos, no. La prosperidad duradera exige algo más que dinero circulando. Exige previsibilidad, garantías, límites al poder y una noción creíble de legalidad. Si esas condiciones no aparecen, cualquier mejora económica quedará expuesta a la misma fragilidad estructural que ha definido tantos ciclos venezolanos recientes.

En ese sentido, levantar sanciones sin ajustes institucionales no solo sería una mala señal ética o política. También podría ser una mala decisión de diseño económico. Porque reforzaría la ilusión de que el país ya entró en una etapa nueva cuando, en realidad, solo estaría administrando una pausa mejor financiada del mismo problema.

Qué consecuencias puede tener una mala secuencia

El orden de los factores importa. Si primero se levantan todas las sanciones y después se promete que vendrán las reformas, el incentivo del poder para ejecutar esas reformas disminuye drásticamente. En cambio, si el alivio se vincula de forma clara a transformaciones verificables, se crea un mecanismo más razonable de presión y reciprocidad. Esa es la discusión de fondo: no si Venezuela necesita desbloqueo, sino bajo qué condiciones ese desbloqueo puede beneficiar al país y no solo a sus administradores circunstanciales.

Una mala secuencia puede producir varios efectos al mismo tiempo:

• fortalecer financieramente a quienes aún no han rendido cuentas;
• debilitar el incentivo para cambiar prácticas institucionales;
• confundir recuperación material con normalización política;
• frustrar a una ciudadanía que esperaba algo más que una nueva administración de la misma opacidad.

Por eso la discusión merece salir del terreno de las frases fáciles. No basta con repetir que nadie se opone a la reconstrucción. El punto es cómo impedir que esa palabra, legítima y urgente, se use como vehículo para disolver responsabilidades y conservar intacto el sistema que justificó la presión externa.

Reconstrucción sí, pero con condiciones que transformen

La reconstrucción de Venezuela será una tarea larga, compleja y costosa. Necesitará recursos, acuerdos, alivios y cooperación. Nadie serio puede negarlo. Pero precisamente por eso no debería convertirse en coartada para levantar todo sin pedir nada estructural a cambio. Porque entonces el país correría el riesgo de reconstruir sobre cimientos todavía agrietados.

En este punto, el periodismo independiente tiene una tarea esencial: ayudar a distinguir entre una salida funcional y una salida transformadora. Vierne5 seguirá observando esta discusión desde esa convicción, porque la urgencia de reconstruir no puede servir para barrer debajo de la alfombra las razones que hicieron necesaria la presión internacional en primer lugar.

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